Un legislador huye de un control policial portando drogas ilegales. Un alto jefe policial aparece en situaciones obscenas en su despacho público. Un juez de Instrucción amenaza a un legislador provincial y casi terminan a las trompadas en un lugar público. Un ministro que ni siquiera se habla con su secretario de Seguridad. Una fiscala que investiga a tres policías acusados de extorsión.

¿Cómo será posible luchar contra la inseguridad con integrantes de los tres poderes del Estado protagonizando ilícitos, delitos, trifulcas o peleas políticas?

Los hechos arriba descriptos parecen no tener relación entre sí y suenan ajenos a la ola de arrebatos, asaltos y balaceras entre narcos. Pero son parte de un sistema que, funcionando mal la cabeza, envenena a todo el cuerpo. El caso del legislador peronista Emiliano Vargas Aignasse corporiza el imaginario popular de que llegar a un cargo electivo sirve para tener privilegios y no para bregar por la legalidad.

El policía que aparece en el video es uno de los altos jefes de la fuerza de seguridad. ¿Cómo se puede luchar contra la delincuencia si un funcionario público clave en la estructura de Seguridad habría cometido un delito? Se habla de una pelea interna entre policías y que por eso se filmó y distribuyó ese video. Una y otra cosa son vergonzosas.

Según el legislador radical Fernando Valdez, el juez de Instrucción Juan Francisco Pisa lo amenazó. Varios comensales del bar en el que se produjo el hecho dan fe de ello. ¿Qué esperar de la Justicia si una disputa político-judicial entre un magistrado y un parlamentario se dirime fuera de la ley? Preocupa que un hombre de la Justicia no busque que las vías institucionales resuelvan acusaciones contra su desempeño.

Si Regino Amado, el ministro de Gobierno, y Paul Hofer, el secretario de Seguridad, no pueden encarrilar su relación de funcionarios, ¿cómo hacen para coordinar acciones y planes contra la delincuencia? No es menor que las dos cabezas del área más sensible actualmente funcionen enemistadas.

La frutilla de este amargo postre es la denuncia de la fiscala Adriana Gianonni, que procesó a tres policías, acusados de extorsión. Si quienes deben garantizar la seguridad son delincuentes, ¿Quién podrá defendernos?

El encadenamiento de estos hechos -apenas algunos de muchos otros que suceden y no toman estado público- da muestra de que la inseguridad responde en gran parte a la destrucción y a la falta de credibilidad en las instituciones. Porque si un juez o un legislador o un jefe policial delinquen, ¿por qué no podría hacerlo cualquier “hijo de vecino? El ejemplo que dan los defensores -y los creadores- de las leyes es que hay que violar la ley. Así, nadie podrá ayudarnos.

En la Legislatura, en la sesión del martes, quedó en claro que a los parlamentarios les molesta que alguno de sus pares cuestione la evidente falta de transparencia en el uso de sus fondos. El macrista Luis Brodersen -el único entre 48 que no cobra gastos sociales- planteó que la existencia y uso de ese dinero representa una estafa del Poder Legislativo a la sociedad. Su postura se basó en lo que un jurista entiende que marca la Constitución, tanto respecto del uso de ese tipo de fondos y respecto del rol de los legisladores. Sin embargo, fue un hombre de su propio espacio político el que puso el grito en el cielo (paradójicamente hizo lo propio el presidente del bloque oficialista, Ramón Cano). El radical Ariel García repudió esos dichos y dijo: “la democracia ha costado mucho para que venga un parlamentario financista a decirnos que este es un poder que estafa”. La pregunta es qué tiene que ver la democracia con llamar “estafa” al cobro de gastos sociales. ¿El legislador García defiende el uso discrecional de fondos? Sus pares radicales afirman que es el más “peronista” de los representantes del centenario partido. El vicepresidente de la Cámara colabora con sus acciones para la proliferación de esos dichos.

Ya no hay dudas. Los representantes del Estado prefieren ser parte del statu quo antes que bregar por la democracia, que falla sin transparencia y publicidad de los actos públicos. En especial del uso del dinero del Estado.

La cena, el avión y la “Burra”

En un salón de fiestas de un country ubicado al pie del cerro Manzur, Roque Alvarez y Juan Ruiz Olivares compartieron mesa el fin de semana pasado. Mientras aplaudían a la quinceañera hablaban de política. Gerónimo Vargas Aignasse, padre de la agasajada, se acercaba cada tanto a dialogar con sus invitados. Allí se habría hablado, otra vez, sobre la posibilidad de que el massista se sume al Gabinete provincial. La intención oficial sería desdoblar el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad y colocar al frente de Seguridad a Vargas Aignasse. Si bien el ex diputado niega que haya existido el ofrecimiento, esa noche de fiesta no habría sido la primera vez que se mencionaba el tema. También hubo algún comentario sobre la situación de Sergio “Burra” Mansilla, que espera que la Justicia habilite su asunción como legislador provincial. En la Legislatura dan por hecho que la semana próxima o la siguiente a esa Mansilla empezará a tener buenas noticias para finalmente sentarse en la banca. “Será el escudero de Alperovich en el recinto”, avisa un peronista.

“José, vamos juntos”, le habría dicho Emilio Monzó a José Cano, cuando partían hacia Tucumán, en el avión oficial, Junto a Manzur y al ministro Rogelio Frigerio. “Dejá nomás, me esperan en el auto”, habría contestado el radical. En realidad, el titular del Plan Belgrano desairó a sus aliados nacionales con un objetivo político claro: evitar salir en la foto en la casa del gobernador. Habría considerado que parte de sus votantes lo eligieron para enfrentar al ex ministro de Salud y que ya sería demasiado aparecer comiendo en la mansión del mandatario. Sí estuvo allí el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, que camina a paso firme hacia un objetivo: garantizarse la candidatura a diputado nacional en 2017.